La OCC advierte a los bancos sobre prácticas controvertidas de cierre de cuentas

Washington endurece su postura. La Office of the Comptroller of the Currency (OCC), el regulador bancario estadounidense, denuncia prácticas bancarias consideradas discriminatorias. En un informe sin precedentes, la agencia acusa a varios bancos importantes de restringir el acceso a servicios financieros para sectores sensibles, incluidas las criptomonedas. Este fenómeno de “debanking”, denunciado desde hace tiempo por la industria, ahora podría considerarse ilegal. Es una señal fuerte enviada a Wall Street, ya que la administración de Trump pretende restablecer el acceso justo al sistema bancario.

La OCC revela prácticas de filtrado bancario dirigidas a actores cripto

En un informe publicado el 10 de diciembre, la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) afirma que varios bancos estadounidenses importantes han implementado políticas internas que restringen el acceso a servicios financieros para ciertos sectores, especialmente el sector cripto, con cierres de cuentas.

La agencia, dirigida por el Contralor Jonathan Gould, indica que “los bancos han mantenido políticas públicas y no públicas que restringen el acceso a servicios bancarios para ciertos sectores industriales.”

Entre las prácticas denunciadas se encuentran sistemas de “revisión y aprobación reforzada” impuestos antes de poder servir a ciertos clientes considerados sensibles. Las instituciones mencionadas, incluidas JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup, son acusadas de aplicar estas restricciones entre 2020 y 2023 basándose en criterios subjetivos, relacionados con los “valores” o la reputación de la institución.

El informe de la OCC, basado en el análisis de políticas internas de nueve grandes bancos nacionales, detalla varias medidas que dificultaron el acceso a servicios bancarios para sectores considerados controvertidos. Según la investigación, estos bancos han:

• Exigido procedimientos de aprobación adicionales para clientes de industrias como cripto, armamento o combustibles fósiles;

• Restringido la apertura de cuentas o la provisión de servicios a empresas que no se alinean con los “valores” percibidos por el banco;

• Impuesto barreras de entrada más altas que las estándar para ciertas categorías de actividad económica;

• Continuado aplicando estas restricciones de manera silenciosa, a través de políticas internas no públicas.

La OCC declaró su intención de “responsabilizar a los bancos por cualquier actividad ilegal de debanking, incluso remitiendo casos al fiscal general”, aunque el informe no especifica ninguna base legal concreta para tales acciones.

Esta publicación marca un punto de inflexión al reconocer oficialmente prácticas denunciadas desde hace tiempo por la industria cripto, sin aclarar los fundamentos legales de una posible sanción.

Un informe motivado por una directiva presidencial, pero sin base legal clara

El informe de la OCC sigue a una orden ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado agosto, que instruye explícitamente a los reguladores a identificar instituciones culpables de prácticas de debanking y a tomar medidas disciplinarias contra ellas.

El texto presidencial exige a los reguladores sancionar a los bancos que “hayan roto injustamente relaciones con clientes legítimos del sistema bancario”, recurriendo si es necesario a multas, acuerdos de consentimiento u otras sanciones.

Sin embargo, la orden en cuestión “no es una ley”, sino una directiva administrativa interna. No se aplica directamente a los bancos, y las referencias legales que contiene, especialmente en lo relativo a competencia desleal o prácticas abusivas hacia los consumidores, no incriminan explícitamente a las instituciones bancarias.

El informe de la OCC no cita ninguna disposición legal precisa que pueda respaldar acciones judiciales. La agencia solo hace referencia a sus propios boletines internos, una iniciativa pasada de Trump y la orden ejecutiva presidencial. Esta debilidad estructural es señalada por varios observadores, incluido Nicholas Anthony, analista del Cato Institute, quien denuncia un informe “que critica a los bancos por romper relaciones con clientes controvertidos, pero olvida que son los propios reguladores quienes evalúan a los bancos por su reputación.”

En este contexto de endurecimiento regulatorio, bitcoin vuelve a cristalizar tensiones. Durante mucho tiempo considerado un activo especulativo marginal, ahora representa para algunos una forma de soberanía financiera frente a las restricciones bancarias tradicionales. La creciente atención al “debanking” podría fortalecer su estatus.

Mientras los reguladores ajustan el cerco sobre las prácticas bancarias discriminatorias, la línea entre cumplimiento y exclusión se vuelve frágil. Para el ecosistema cripto, esta dinámica podría acelerar el auge de DeFi, visto como una alternativa autónoma frente a las restricciones impuestas por las finanzas tradicionales.